Escrito por: Pablo Trejo Pérez

En el año de 2004, en el sexenio de Vicente Fox, fue aprobada la Ley General de Desarrollo Social, misma que contempló la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), un organismo técnico, a través del cual se garantizarían, dos elementos centrales e indispensables en el análisis de las condiciones sociales en México; por un lado, la homologación de los conceptos e instrumentos metodológicos de medición, y, por otra parte, la despolitización en el manejo de las cifras. Con ello, la autonomía del CONEVAL, garantizaría, al menos en teoría, la independencia de cada una de sus actividades sustantivas.

Una de las aportaciones más significativas del CONEVAL, se registró por primera vez en el año de 2012, cuando se logró que tanto el Gobierno Federal como diversos gobiernos locales, adoptaran la medición multidimensional de la pobreza como el elemento central de la política social. Podríamos, sin duda, hacer observaciones técnicas a la medición, ya que podemos o no estar de acuerdo con algunos de sus componentes, pero es innegable que el logro debe medirse en términos de aceptación global de las reglas del juego. Por primera vez, los encargados de medir nuestras carencias sociales en los diferentes ámbitos y niveles de gobierno, comenzamos a hablar el mismo lenguaje.

Para el CONEVAL, “el hecho de que la medición de la pobreza incluya el ingreso de los hogares, el rezago educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud y de seguridad social, la carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así como la carencia alimentaria, ha favorecido la generación de estrategias de coordinación de la política social, aun entre gobiernos de partidos políticos distintos”. Es decir, su despolitización.

Históricamente, uno de los principales apoyos del CONEVAL ha sido el INEGI, ya que se encarga de proveer de insumos estadísticos para la realización de sus análisis. Sin embargo, en el año 2015, el INEGI anunció de manera unilateral una serie de modificaciones en las variables que conforman la medición de la pobreza, concretamente en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la famosa Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH). Como consecuencia, se originó una distorsión con los modelos que el CONEVAL venía utilizando, por lo que las cifras generadas ese año no pudieron ser compatibles con años anteriores; un grave retroceso en la institucionalización de la medición de la pobreza. Basta con decir que para el INEGI, como por arte de magia, el decil más pobre de la población vio aumentados sus ingresos y la estimación del para el año 2015 con relación al año inmediatamente anterior arrojó un aumento efectivo de 33.6% en el sector más vulnerable de la población, cifra ridícula por donde se le mire.

Esa crisis que envolvió al CONEVAL, producto de una decisión del INEGI, ocasionó un daño intangible de gran magnitud: la erosión de la credibilidad, la cual, a la fecha, sigue poniendo en entredicho el vital diagnóstico que en materia de pobreza, nuestro país necesita.

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