Escrito por: Enrico Garibaldi

La fracción parlamentaria del PAN buscará hacer valer los derechos humanos de los ciudadanos frente a los abusos y violaciones dentro del ejercicio de poder, a través de una iniciativa que modifica reformas a la Ley de Procedimiento Administrativo capitalino.

En ese sentido el coordinador panista en la ALDF, Jorge Romo Herrera expuso que la ley en cuestión regula los actos de autoridad, evita el abuso en la relación de subordinación hacia gobernados y ofrece certeza a los ciudadanos sobre el trabajo de la Administración Pública apegado a la ley en un marco de respeto.

Mencionó que se trata de cumplir con una serie de principios basados en la ética, austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, responsabilidad y la participación ciudadana dentro de un criterio de Administración Pública nuevo, “el instrumento legislativo establece la rendición de cuentas y la evaluación como un proceso de gestión pública obligatoria para la ciudad, a partir de lo establecido en la recién avalada Constitución Política capitalina”.

Apuntó, “la ciudad está obligada a mantenerse a la vanguardia en innovación jurídica y en el estricto respeto de los Derechos Humanos en el actuar público, es por eso que esta iniciativa resulta de vital importancia para el nuevo devenir de nuestra capital”.

El también secretario de la Comisión de Gobierno de esta Séptima Legislatura habló de tener presente que una administración que no funciona, debilita a los gobiernos y afecta al sistema democrático, “esta iniciativa es un esfuerzo legislativo para acercarnos a un nuevo modelo en el establecimiento de mecanismos de intervención gubernamental y una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos”.

Insistió, “el PAN exige a la autoridad en cualquier orden de gobierno abstenerse de comportamientos que impliquen vías de hecho administrativa contrarias a los derechos humanos y las garantías que nuestra Constitución marca. Por ello, la iniciativa representa la necesidad de mantener actualizada la Ley de Procedimiento Administrativo de nuestra entidad, ya que es cimiento esencial de la función pública y para la relación entre autoridades administrativas y ciudadanos”.

Aseveró “la transición de Distrito Federal a Ciudad de México y por ende, su adecuación en cuanto a las Alcaldías, debe asumirse con un protocolo de acciones parlamentarias a fondo”.

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