Escrito por: Enrico Garibaldi

El pleno de la Asamblea Legislativa exhortó al secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, y al procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, a esclarecer y fincar responsabilidades sobre los autores de los actos de violencia perpetrados los días 10 y 16 de septiembre en contra de personas en situación de calle.

Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Rebeca Peralta León, indicó que en la capital del país se registran actos de aporofobia, es decir odio, miedo y rechazo a las personas en pobreza pues en una semana se presentaron cuatro ataques a ciudadanos en situación de calle en el Centro Histórico de la ciudad.

Indicó que el  primero de ellos fue el pasado 10 de septiembre en las calles Luis Moya y Delicias, donde un hombre fue agredido sufriendo quemaduras en las piernas, y posteriormente, en los primeros minutos de la madrugada del 16 de septiembre otras tres personas fueron agredidas y lesionadas por quemaduras.

Comentó que una de las víctimas, José Ramón Escobedo de 43 años fue rociado con un solvente mientras dormía en la explanada del Teatro Blanquita, quien al percatarse de que le habían prendido fuego, corrió para intentar pedir ayuda hasta que elementos de la SSP lo auxiliaron y solicitaron de inmediato la atención médica. Los paramédicos determinaron que el hombre sufrió quemaduras de primero y segundo grados en un 35% de su cuerpo, dijo.

Comentó que otro ejemplo muy claro de aporofobia se presentó el mes de diciembre de 2016, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde un par de jóvenes rociaron con gasolina a una persona de 27 años de edad en situación de calle y posteriormente le prendieron fuego mientras dormía junto a una jardinera, el hombre fue atendido en un hospital público presentando quemaduras de primero y segundo grados.

Rebeca Peralta pidió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Perla Gómez Gallardo, para que acompañe las investigaciones y supervise el actuar de la SSP y la PGJCDMX autoridades responsables de hacer justicia a las personas agredidas.

La petición incluye a la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline L’Hoist Tapia, para que siga el proceso a fin de evitar posibles actos discriminatorios en el mismo.

Dijo que de acuerdo con el Censo de Poblaciones Callejeras 2017, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, existen 6 mil 774 personas que viven en esta situación, de las cuales 4,354 se localizan en espacios públicos y 2,400 en albergues públicos o privados.

Del total, el 87.27% son hombres y 12.73% mujeres. Estos grupos son considerados vulnerables no solamente por la nula o precaria atención en los rubros de salud, educación y trabajo, sino también porque son discriminados y agredidos constantemente.

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