• La sociedad desea ver que el Estado mexicano castigue ejemplarmente a todo aquel servidor público que se aparte de los códigos de ética

BLAS A. BUENDÍA

Reportero Free Lance

blasalejo@yahoo.com

Ya no es comprensible, para nadie, que se imparta la justicia en la oscuridad, con funcionarios sentados en los escritorios frente a los expedientes fríos, sentenció la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), doctora Yasmín Esquivel Mossa.

Al participar en la XII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en la ciudad de Campeche, Campeche, la también presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, agregó que la sociedad quiere ver que se sancione a quienes han traicionado su confianza y han aprovechado, su posición como funcionarios públicos para favorecerse de forma escandalosa.

En presencia del gobernador de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas, precisó: “Es necesario que magistrados y jueces nos mostremos de cara ante una sociedad que clama por ver a sus instituciones funcionar, sobre todo cuando se va a sancionar a los malos servidores públicos y a los particulares que se han coludido para abusar de la función al servicio del Estado”.

En el marco de la Mesa Tres de los trabajos de la AMIJ, denominada “La Justicia del Sistema Anticorrupción y su Contribución a la Democracia”, Esquivel Mossa subrayó que los procedimientos de responsabilidades deberán ser abiertos de cara a la ciudadanía: orales, transparentes y accesibles para todos.

Así, advirtió la magistrada presidente del TJACDMX, los juzgadores habremos de responderle a la ciudadanía y habremos de aportar nuestras capacidades y talentos para ampliar la democracia en las instituciones, y hacer que el Sistema Nacional Anticorrupción funcionen con exactitud, atendiendo las exigencias de la sociedad como es la de aplicar sanciones ejemplares en contra de quienes cometan actos de corrupción.

La funcionaria capitalina insistió que los tribunales de justicia administrativa tendrán la responsabilidad de sancionar los actos de corrupción graves, y sus magistrados quienes decidan si un funcionario, de cualquier nivel, es cesado o inhabilitado para ejercer el servicio público.

La impartidora de justicia administrativa indicó que los juicios orales, en los casos de responsabilidades de los servidores públicos, traería ventajas para reencausar la confianza de la población en las instituciones, y sería un paso hacia la transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

“Los juzgadores tienen que ser funcionarios que cuente con gran altura moral, porque ésta es necesaria para poder ejercer su función, más aún cuando serán los encargados de sancionar a quienes cometan actos de corrupción”, dijo finalmente la presidenta magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, doctora Yasmín Esquivel Mossa.

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