CORZO

De forma inexplicable y, a veces, muy controvertida, la actual conformación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ha disparado sentencias que a todas luces son contradictorias, en algunos casos, se pronuncian por una interpretación garantista y privilegian el espíritu de la ley, como es el caso de la multa impuesta originalmente a MORENA por el INE, pero en asuntos tales como, la designación de Miguel Ángel Mancera como Coordinador de PRD en el Senado de la República, realiza una interpretación tradicional de la ley y se pronuncia en sostener que la designación a cargo de un Partido Político, de su coordinador, no es de índole electoral.

La Sala Superior  “desechó”, por unanimidad de votos, un juicio ciudadano presentado para impugnar la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, enfatizaron que los actos políticos relativos al derecho parlamentario partidista, como lo son los relativos a la designación del coordinador del grupo parlamentario, no son objeto de control a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ya que tales actos están “esencial y materialmente desvinculados de los elementos del derecho a ser votado”.

Y las preguntas son las siguientes, ¿por qué la designación de un coordinador es ajeno a los derechos político-electorales?, no acaso, el designado coordinador, de alguna manera encuentra su origen en las votaciones y por tanto, al final, los partidos políticos, deben de forma alguna tener un mecanismo eficaz para que esas decisiones puedan ser controvertidas, porque no es posible considerar que una designación que implica una gran importancia en la vida democrática de un instituto político, sea ajena al ámbito electoral, y en caso de que los partidos políticos no establezcan un medio de defensa debe ser el Tribunal Electoral, quien se pronuncie respecto de estos hechos. Si no, cómo garantizamos que las decisiones puedan ser democráticas y apegadas a los estatutos y reglamentos de cada partido político.

Esto significa que los partidos políticos, pueden decidir libremente, de forma cuasi omnipotente a sus coordinadores o los proyectos de ley que apoyan, sin que los militantes pueda cuestionar si la decisión es la correcta o está sujeta a los procesos establecidos en los estatutos y normatividad interna, bendita democracia a la mexicana, una representación como cheque al portador sin mecanismo electoral que pueda hacer notar que no cumplen con lo que ofertaron en sus campañas.