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El sado pasado, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuestos para la Federación 2019. El proyecto apuesta por los programas sociales, la infraestructura, la salud y la energía. Para conseguirlo, se ha reorganizado el gasto corriente del Estado y ha evitado el crecimiento de la deuda pública. El objetivo es redireccionar el gasto posible a dos asuntos: capital humano e infraestructura pública.

Las promesas de López Obrador de no aumentar o crear impuestos se han mantenido intactas. El plan incluye 6,000 millones de pesos para comenzar la construcción del Tren Maya, la mayor apuesta en infraestructura. Así como 44, 300 millones de pesos para entregar becas a jóvenes sin empleo y 100.000 millones de pesos para la pensión universal de adultos mayores de 68 años. También ha garantizado recursos para la reconstrucción pendiente tras el terremoto de 2017 y la construcción de caminos en estados como Oaxaca y Veracruz.

Urzúa ha reconocido que ante una economía global poco favorable, se ha optado por un presupuesto conservador y prudente. Hacienda considera que uno de los retos hacia adelante en materia tributaria consiste en adecuar el marco legal y tributario a los cambios generados en la economía en su conjunto por el avance tecnológico de los últimos años. Las nuevas plataformas están en el punto de mira de medio mundo y México no es una excepción. En si, el proyecto considera está basado en 3 premisas:

  1. GASTO E INVERSIÓN. Se buscó la reorientación del gasto a dos asuntos: el capital humano e infraestructura pública para poder crecer “de manera robusta” en el largo plazo. El gasto programable se compone por gasto corriente, pensiones y jubilaciones, y gasto de inversión. El gasto corriente será de 2,533,791.4, un 3.2 por ciento más que en 2018: 1,249,974.7 millones de pesos para servicios personales, -1.4 por ciento frente al año pasado; 518,975.7 millones de pesos para subsidios, 15.1 por ciento más; y 764,841.0 millones de pesos para gastos operativos, 3.6 por ciento más. Para pensiones se propusieron 877,464.1 millones de pesos, 6.4 por ciento más que el presupuesto aprobado en 2018. Respecto a inversión, Hacienda propuso 711,434.9 millones de pesos, 6.4 por ciento más que en 2018: 646,499.1 millones de pesos para inversión física; 19,007.3 millones de pesos de subsidios de inversión, -64.4 por ciento menos; y 45,928.5 millones para inversión financiera, 139 por ciento más que 2018. Los tres proyectos de infraestructura prioritaria son el Tren Maya, para el que planean destinar 6 mil millones de pesos; caminos rurales y carreteras en Oaxaca y Veracruz, 2.9 mil millones de pesos; y para el Programa Nacional de Reconstrucción, 8 mil millones de pesos.

  2. GASTO A ENTIDADES. El gasto federalizado se refiere a los recursos que el Gobierno de la República transfiere a las entidades federativas y municipios, el cual asciende a 1,897,707.5 millones de pesos. De aportaciones federales van 788,090.2 millones de pesos, 2.4 por ciento más que en 2018; para participaciones son 914,496,7 millones de pesos, 8.4 por ciento más; y para subsidios del Ramo 23 van 13,459.3 millones de pesos, un recorte de 69.4 por ciento. Para convenios se planean 110,445.7 millones de pesos, un 15 por ciento menos.

  3. CRITERIOS ECONÓMICOS. Se prevé un crecimiento de 2 por ciento para 2019, una inflación anual para el cierre del próximo año de 3.4 por ciento, igual a la estimada para el cuarto trimestre por el Banco de México, según lo publicado en su Informe Trimestral julio-septiembre de 2018. El precio del dólar se ubica en los 20 pesos.

Con estos criterios en mente, es posible señalar algunos de los puntos más significativos del proyecto:

  • Ingresos al alza. El Presupuesto de 2019 prevé una recaudación de algo más de 5,8 billones de pesos, un 6,3% más que lo previsto para 2018. De esa cifra, las dos terceras partes son ingresos tributarios, que crecen en línea con la expansión económica y la inflación, y la quinta parte tiene que ver con una derrama petrolera que aumenta respecto a este año, pero que ya no da al fisco las alegrías de antaño. A pesar de que la recaudación fiscal mexicana sigue estando muy por debajo de la media de la OCDE, a la que pertenece México, el Gobierno insiste en que no incrementará las cargas tributarias en términos reales. Esa política de no subida de impuestos se mantendrá, según el Ejecutivo, al menos hasta el ecuador del sexenio recién iniciado.

  • Los gastos también suben. La idea de López Obrador y su equipo es, poco a poco, ir reduciendo el gasto corriente para poder así incrementar la inversión. El año que viene, sin embargo, el gasto corriente estructural crecerá, en términos reales, un 2,3%: la promesa tendrá que esperar. Así, los egresos del sector público mexicano subirán un 6,1% interanual en 2019, hasta rozar los 5,78 billones de pesos. Por carteras, la más beneficiada es Defensa —un 11%; la Guardia Nacional dependerá de este departamento y el combate a la criminalidad se instrumentalizará, en buena medida desde aquí—, Trabajo —que multiplica casi por diez sus recursos, en buena medida para la puesta en marcha de jóvenes aprendices en empresas— y Educación —que recibirá un 3% más—. Y menos para Gobernación, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Ciencia y Tecnología. Las cuentas públicas de 2019 recogen, además una fuerte subida en los recursos para Pemex. La petrolera estatal mexicana obtendrá en 2019 casi 465.000 millones de pesos, un 18% más que este año, y debería cerrar con un déficit de 65.400 millones en su balance financiero. Esta cifra, aun siendo muy abultada, es inferior en 17.000 millones a lo aprobado por el Gobierno del PRI para 2018.

  • Bajada salarial. Tras el ajuste de los salarios más altos de la Administración —ningún funcionario podrá ganar más que el presidente, ha dicho, por activa y por pasiva, López Obrador— y el adelgazamiento de las estructuras burocráticas, el gasto en estas partidas cae en un 1,4%. Las cuentas contemplan también una reducción del 4,8% respecto a 2018 en el rubro de servicios personales, que incluye la eliminación de seguros de gastos médicos y de despido para funcionarios.

  • Mayor superávit primario. Se estima poder cerrar 2019 con un superávit primario —la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta el pago de intereses— del 1%, tres décimas más de la cifra con la que se espera cerrar este año y seis más que en 2017. Hasta entonces, México llevaba ocho años seguidos gastando más de lo que recaudaba. La cifra prevista para 2019 es positiva, pero tiene un reverso importante: tras el fuerte crecimiento de la deuda pública en la última década, la partida de intereses se ha disparado y buena parte de ese mayor superávit irá a parar a cubrir el coste financiero del endeudamiento contraído.

  • Déficit público estable. Una vez incluidos los intereses de la deuda, las cuentas públicas mexicanas cerrarán el año que viene con unos gastos superiores en un 2% a los ingresos. Es exactamente la misma cifra prevista para el cierre de 2018. Y similar a la de 2017: 2,1%. En esos guarismos, sin embargo, no está incluido el beneficio del Banco de México —conocido el argot financiero bajo el nombre de remanente de operación—, que suele inyectar una cantidad de dinero nada despreciable a las arcas públicas. El año pasado, sin ir más lejos, acabó rebajando el déficit en un punto porcentual: del 2,1% al 1%.

  • Se disparan los recursos destinados al repago de la deuda. El fuerte incremento del endeudamiento público soberano de los últimos años se deja sentir, también, en las cuentas públicas del año que viene. En 2019 saldrán casi 543,000 millones de pesos para afrontar los compromisos adquiridos, un 11% más que en el ejercicio que está a punto de concluir. Y otros 155,000 se irán para repagar la deuda de las empresas públicas, frente a los 136,000 de 2018. En lo tributario, el sexenio de Peña Nieto estuvo marcado por el incremento de la deuda pública a pesar de la ambiciosa reforma acometida en 2013. Pero la mayoría de especialistas consultados apuntan en la misma dirección: el país norteamericano debe incrementar los ingresos, con nuevas figuras fiscales, subidas en las ya existentes y, sobre todo, con un combate más efectivo del fraude.

  • El nuevo aeropuerto de Santa Lucia. El proyecto considera 18,000 millones de pesos para la “modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria”. Buena parte de ese dinero irá a parar a mejoras sobre el actual aeropuerto de la Ciudad de México, que opera al límite de su capacidad, y otra, a la conversión de la base militar de Santa Lucía en aeropuerto civil. No hay mención ni partida específica alguna para afrontar el elevado coste de cancelación del fallido nuevo aeródromo internacional capitalino.

  • Carta abierta los nuevos programas sociales. El Gobierno destina 100,000 millones de pesos a la pensión universal que recibirán los adultos mayores de 68 años; 44,300 millones para Jóvenes construyendo el futuro, el plan para evitar el fenómeno de los ni-ni y el aumento de la delincuencia juvenil; 17,300 millones para las becas de estudiantes de educación media superior y 6,000 millones para fijar un precio de garantía en los productos agrarios —una suerte de seguro para los campesinos—, entre otras.

  • Estímulo fronterizo. Aunque los impuestos no bajan con criterio general, sí lo hacen en la franja limítrofe con EEUU: el IVA tendrá una tasa reducida del 8% y el Impuesto sobre la Renta (ISR) que pagan las personas físicas tendrá un recorte de la tercera parte. El importe de estas medidas rondará los 40.000 millones de pesos.

  • Hacia un mercad interno. El presupuesto apunta hacia un nuevo modelo económico, aunque aún es pronto para hablar de un cambio profundo. El consumo, auténtico sostén de la —tímida, en comparación con otros emergentes— expansión económica en los últimos años seguirá siendo robusto. Sin embargo, la inversión, talón de Aquiles de los últimos ejercicios, debería mostrar una “recuperación más clara impulsada por la disipación de la incertidumbre asociada de la negociación exitosa” del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el TMEC. La desaceleración de la economía estadounidense —a la que van a parar el 80% de las exportaciones mexicanas— se traducirá, en cambio, en una desaceleración del sector exterior. Aunque, se estima que las importaciones tengan una desaceleración aún mayor.

  • Plataforma petrolera a la baja. El Ejecutivo prevé que la producción nacional caiga hasta los 1,85 millones de barriles diarios. En julio pasado, los bombeos bajaron de la cota de los dos millones de barriles diarios por primera vez en casi cuatro décadas. Y la tendencia parece no tener fin, al menos, en el corto plazo. Así, la mezcla petrolera mexicana debería promediar 55 dólares por barril. La cifra está por debajo de los 62 dólares previstos en las cuentas públicas de este ejercicio: tras una buena primera mitad de 2018, el tramo final del año está resultando ser muy negativo para los intereses de los países productores, con una caída sostenida en el precio del crudo.

Lo más significativo, es que este presupuesto elogiado por las propias calificadoras ha despertado, desde la derecha, un debate sobre el financiamiento a las Universidades públicas. De ello se desprende que cualquier tema es bueno para menoscabar el bono democrático de AMLO.