CORZO

En un afán de defender su salario, por considerarlo inconstitucional el hecho de reducir el salario en funciones de Consejero, Benito Nacif Hernández, señaló que el acuerdo INE/CG1428/2018, entre otros aspectos, violentaba la Constitución Federal, ya que ésta prohíbe la disminución de los salarios de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, durante su encargo, y priva a las personas del producto de su trabajo, así lo hizo valer a través de Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, por unanimidad, como improcedente la demanda presentada por el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, mediante la cual impugnó el acuerdo INE/CG1428/2018.

Lo grave de este hecho, es que resaltan 2 cosas al menos; la primera, si Benito Nacif Hernández, es Consejero Electoral, es claro que es un erudito o conocedor de la materia juridico electoral, pero a decir de los magistrados, no sabe o no conoce la parte procesal electoral, porque no estudiaron de fondo la irregularidad planteada por el quejoso, sino lo decretaron IMPROCEDENTE, lo cual significa, que no es materia de tutela electoral.

En sgundo término, si en realidad Benito Nacif, tiene conocimientos y consideró atinandamente que era la vía para defender una injusticia laboral electoral, ha sido dejado en el desamparo y a pesar de tener razón, el TEPJF, prefiere subyugarse al Poder Legislativo y Ejecutivo, y entonces la independencia judicial ¿dónde ha quedado?.

En resumen, al resolver el expediente SUP-JDC-588/2018, la magistrada presidenta y los magistrados determinaron desechar de plano el recurso presentado por Nacif Hernández.

El Pleno precisó que el juicio para la protección de los derechos político-electorales no constituye la vía idónea para ejercer el control de constitucionalidad y legalidad solicitados, toda vez que los planteamientos de la demanda y su ampliación no están encaminados a solicitar la tutela de los derechos político-electorales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este mismo sentido, el pleno de la Sala Superior, sostuvo que la vía idónea para controvertir los actos impugnados es el juicio electoral y, no el Juicio de Protección de los derechos político-electorales, en tal sentido, lo procedente sería reencauzar la demanda; sin embargo, el pasado 23 de diciembre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por tanto, se advierte que, con posterioridad a la presentación de la demanda de juicio ciudadano ocurrió un cambio de situación jurídica, que ha dejado al juicio sin materia. En tal virtud, el Pleno de la Sala Superior consideró que el medio de impugnación resultaba improcedente y, en consecuencia, lo conducente era desechar de plano la demanda. En conclusión, lástima mi Benito… un ardid para no estudiar si tenía o no razón, lamentable, pero es lo que hay en justicia electoral.