CASTILLO

Comenzamos la semana hablando de la estrategia contra el robo de combustibles y la hemos terminado con la aprobación de la Guardia Nacional. Han sido días intensos, de debate. Por ello, es necesario clarificar algunas cosas.

En primer lugar, sobre el robo de combustibles hay que tener en claro que existen, con datos de 2017 -los últimos que publicó Petróleos Mexicanos (PEMEX)- más de 10 mil tomas ilegales de gasolina y diésel en el país. Es más, el número de tomas ilegales se disparó en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (curiosamente, los dos presidentes que han intentado privatizar PEMEX).

La extracción ilegal de combustibles no es un robo cualquiera: requiere ciertos conocimientos técnicos y de ingeniería. Esto, de entrada, presupone la presencia de servidores púbicos corruptos, que son quienes tienen la información sobre la red de ductos de PEMEX. Por eso mismo, el presidente de la República ha presentado las acciones como una muestra del combate contra la corrupción.

Es evidente que todo esto tiene un gran costo: el robo de combustible en México asciende a entre 15 y 20 mil millones de pesos al año, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP). A ese dato, derivado de las pérdidas de la perforación de ductos, hay que agregarle el que se deriva del robo de pipas. Se trata de que PEMEX evite un gasto por 2 mil 500 millones de pesos, pues el robo asciende a 787 pipas al día.

Por ello, nuestro papel como Congreso de la Unión es adoptar cambios en la legislación y considerar al robo de hidrocarburos como un delito grave contra la Nación. De nada servirá que el gobierno atrape a los grupos organizados si serán castigados con sanciones leves.

En segundo lugar, es verdad que la creación de la Guardia Nacional puede ser vista como una forma de profundizar la militarización del país. Pero es injusto acusar a AMLO de ser el responsable de poner a los soldados en las calles. Es más, la experiencia muestra que desde hace10 años (con eso de que en redes andamos con el #TenYearsChallengue), el despliegue de soldados mexicanos en todo el país para patrullar las calles y acabar con la delincuencia organizada no ha reducido efectivamente la delincuencia y la violencia.

El año pasado fue el año más violento registrado en México, y el número de víctimas fatales civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad sigue siendo alarmantemente alto. La encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública más reciente del INEGI muestra que más hogares mexicanos señalaron que al menos un miembro de la familia había sido víctima de un delito. La encuesta también muestra un aumento en el número de personas mexicanas que dijeron sentirse inseguras en su estado, llegando al 79.4 por ciento.

La presencia de soldados mexicanos en las calles ha dado como resultado graves violaciones de derechos humanos. Desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 10,000 quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. Entre 2007 y junio de 2017, la CNDH emitió 148 recomendaciones dirigidas a las fuerzas armadas de México por violaciones graves a los derechos humanos, incluidos casos documentados de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegal de la fuerza, entre otros.

Entonces, retirar a los soldados de una vez, sería caer en una espiral de percepción de inseguridad creciente. Si es verdad que se prometió hacerlo, y el presidente ha dicho muchas veces que cuando la Guardia Nacional este preparada, se hará. Ahora bien, dicho esto, no hay que olvidar que la creación de la Guardia Nacional es sólo una de las acciones para devolver la tranquilidad a las calles y a los hogares.

La parte fundamental de la estrategia es la reconstrucción del tejido social, lo cual lleva su tiempo y va al margen de la coyuntura política. Si se analiza bien el presupuesto en materia de Seguridad y Protección Ciudadana se verá rápido que el presupuesto para la Guardia Nacional no rebase el 20%, lo cual quiere decir que no se pretende militarizar, si no lo contrario, pero hacerlo de forma rápida sería irresponsable.

En el fondo, ahora que ha llegado el fin de semana, podemos observar que estos puntos tienen en común el que parten de un concepto de Seguridad amplio, donde no sólo importan los bienes de la nación, sino también sus habitantes. El pueblo, como lo llama Andrés Manuel. Y con ello queremos hacer notar que en el gobierno de la Cuarta Transformación ese concepto es el que guía el día a día.