• Deshonestidad y abuso de poder enriquecen ilícitamente tanto a funcionarios como a líderes sindicales espinistas del STC
  • El Metro es la caja chica de los gobernantes de la Ciudad de México en turno
  • Los eslabones de la corrupción y la impunidad ya arrojaron un saldo de renuncias debido a que andan circulando dos videos que desenmascara a una banda de criminales y el registro de una cacería de brujas

BLAS A. BUENDÍA

Reportero Free Lance

filtrodedatospoliticos@gmail.com

Entre la problemática que representa la vendimia de vagoneros y la deshonestidad de altos funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo, mejor conocido como el Metro de la Ciudad de México, la CORRUPCIÓN es un referente en el STC.

Gracias al sesgo de la llamada “honestidad valiente” que ha dejado de ser emblemática de “quién tú ya sabes”, y que pese a ello a quien consideran el nuevo Jefe de la Mafia del Poder, despachando desde el Cártel Palacio Nacional, también es irrefutable, ha traído sus primeros efectos y renuncias de malos funcionarios del STC para desbaratar a una banda criminal voraz que se enriquecía a través de los concursos de licitación violando su normatividad a grado tal, que se ha registrado una cacería de brujas.

Por años, el Metro históricamente ha sido saqueado sistemáticamente por cada uno de los que han fungido como Directores Generales, y hoy en día, el Partido Morena que cuenta con una mayoría absolutoria tanto en el Congreso de la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República, tiene que poner estricto orden en la administración pública general.

Hasta este preciso instante no existía poder alguno para actuar en contra de todo funcionario corrupto que muchos de ellos son improvisados, carecen de una carrera profesional en las diversas áreas del Metro, y lo peor, en la Subgerencia de Compras y Adquisiciones la utilizaban para hacer chanchullos alterando precios de los insumos y refacciones que utiliza el “gusano naranja”.

Nuevamente, la cuestionada llegada de Florencia Serranía Soto como directora del Metro, permitirá que los índices de corrupción vayan a la alza, como dicen los economistas, incluso se advierte que pese a su negro historial, la señora llegó blindada porque tiene la bendición de “Dios Padre” de Palacio Nacional.

Es tanta la corrupción en el STC que coparticipa el mismísimo Sindicato Único de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, que es liderado por el cacique Fernando Espino Arévalo, un personaje de triste historia tanto profesional como política y académicamente, ya que si bien carece de FUERO CONSTITUCIONAL, posee amplia y calificada complicidad tanto del presidente López como de la nueva Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Alertan los trabajadores del Metro que mientras las autoridades locales y federales NO destituyan al jefe de la mafia del poder sindical (Fernando Espino Arévalo), el Metro de la Ciudad seguirá sufriendo las extraordinarias calamidades que viven millones de usuarios que hacen uso de este insufrible transporte subterráneo, porque tanto empresa como sindicato, han convertido al Metro en la mítica CUEVA DE ALI BABÁ y sus 40 ladrones.

Dos videos que circulan por la Red, se suman a toda una gama de escándalos toda vez que el presidente López y la propia Sheinbaum, tienen el interés de alcanzar la Cuarta Transformación (4T), ya que comenzaron aplicar el simbólico mallete de los jueces para perseguir y castigar a quienes presuntamente han saqueado las arcas del Metro, que es la Mina de Oro de los abusos de poder de auténticos corruptos que se han enriquecido a costa del erario federal.

Florencia Serranía Soto, en su carrera de la Administración Pública, fue directora general del Servicio de Transporte Eléctricos del Distrito Federal, posteriormente del Sistema de Transporte Colectivo y también fue directora de Planeación y vialidad en Setravi, todos estos cargos en la administración de López Obrador cuando fue jefe de gobierno del entonces DF.

La mayoría de trabajadores tienen una amarga experiencia ya que cuando la señora Serranía estuvo por primera vez al frente del STC, los trató muy mal a grado tal –acusan- “se distinguió de ser una represora, una dictadora, una timadora, una mujer sin escrúpulos, una patán ”, y lo peor, “le encanta el dinero ajeno” proveniente de concursos de licitaciones amañadas.

Sin embargo, la guillotina se hizo presente y comenzaron las persecuciones policiacas ya que se han desplegado policías ministeriales a las oficinas del STC, localizadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para atrapar a quienes han sido señalados en diversos videos el modus operandi de una banda de delincuentes de cuello blanco. Hasta el momento no se tienen noticias de alguna detención.

Al respecto, una circular del STC, señala que por instrucciones de  nuestras autoridades, se les informa que a partir de las 0:00 horas del día 30 de enero de 2019, el ingeniero Alberto Vázquez Vázquez, ha dejado de prestar sus servicios en este Organismo, por lo que hemos de agradecer que no permitan su acceso a las áreas restringidas así como instalaciones en general del STC.

Asimismo se informa que el Ing. Esteban Cortés, encargado del Taller de Señalizacion, se encuentra en proceso de investigación, por lo que se les solicita su apoyo a quien pueda aportar información al respecto, quien cuente con información con relación a estas personas o algunas otra, que sepan está en negocios corruptos, la puede hacer llegar al Departamento Jurídico, Contraloría o Dirección del STC.

O sea –afirman- el regreso de la señora Serranía para dirigir al STC, no solo es por el “cumplimiento” de “salvar al Metro”, sino que debido a su pasado negro, jocosamente se advierte que no dejará de ser una “mascarada” para ver qué es lo que le saca más del Metro, ya que se le considera “la caja chica” de los gobiernos de la Ciudad de México en turno.

En los videos se muestran y escuchan sendas conversaciones telefónicas, acompañadas por fotografías de varios funcionarios que están coludidos para saquear al STC.

La colección de los videos no solo demuestran cómo se lleva a cabo la corrupción en el STC, sino el desvergonzado e irracional abuso del poder por la falta de valores, y de una política de transparencia de funcionarios que tanto daño le han hecho al país.

Contrataban servicios externos con proveedores teniendo que ser aprobada cada negociación ilícita por el Subgerente de Electrónicas, Juan Alberto Vázquez Vázquez, mismo que se hace llamar el “ahijado” de la directora Serranía.

Las grabaciones son cortesía de “alguien” muy cercano al ingeniero Alberto Vázquez Vázquez, que por su maldad y ego –expresan- activaba sus grabaciones automáticas de llamadas, lo que no cuidó es que éstas se van a la “nube” de las Redes Sociales, es decir –dice el dicho popular-, “el enemigo puede estar más cerca de lo que piensas”.

La cofradía de presuntos ladrones de cuello blanco está integrada por “El Ahijado” Alberto Vázquez Vázquez quien actúa bajo las órdenes de su “madrina” Florencia Serranía Soto, los funcionarios Joel Castro, Rubén Almada y Javier Ramírez, quienes previamente celebraban acuerdos espurios para “delinear” el modus operandi y sacar –como los huachicoleros-, rajatabla a los concursos de licitaciones.

En la logística Alberto y Joel seleccionan al proveedor, en este caso Rubén Almada quien está inhabilitado por la Función Pública, utiliza a terceras personas conceptuadas como “socios de la corrupción”, entre los que destaca Javier Ramírez, dueño del TEST, de tal suerte que definían precios y la forma de operar.

Importante es de señalar que las comisiones de Alberto Vázquez y Joel Castro son del 10 y 20 por ciento, respectivamente, de cada contrato.

El arreglo con el proveedor operaba de la siguiente manera: Alberto Vázquez le decía a Rubén Almada que “ya se arregle con Cortés (Esteban Cortés, ingeniero del Taller de Señalización y ejecutor de Alberto, le hace los servicios a los proveedores para que estos cobren el servicio a costos muy, muy altos). El Subgerente le da instrucciones de cómo enviar los documentos a nombre de diversas empresas.

En el desarrollo de manipulación de los dictámenes, Joel Castro que es el coordinador de Contratos del Metro, se ponía de acuerdo con Alberto Vázquez para hacer que pasen las empresas que aparecen en dictámenes y de esta forma dirigir el servicio al ganador denominado TEST de calidad.

Conforme a investigaciones de la Función Pública, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se demuestran varias acciones indebidas, tal como corregir o maquillar la resolución de los dictámenes y precios, por lo que dichos funcionarios se comunicaban el “estatus exitoso” de los  dictámenes, dirigidos hacia TEST que representa Rubén Almada. Indicaban que “ya llegaban a un acuerdo” con el proveedor, en conformidad al precio y cantidad de los productos que se tenían que adquirir para el funcionamiento del Metro.

Pero el descaro de la negociación estaba en los precios, por lo que en este segmento, el Subgerente taza el costo al servicio. El costo que proponía el proveedor era de 80 mil pesos por la reparación de cada módulo, es decir, cada módulo nuevo tiene un precio de 16 mil pesos. Alberto Vázquez, de forma “benevolente”, le pide a Rubén Almada que reduzca el costo a 35 mil pesos más IVA, lo que representaba una fuerte erogación económica y financiera al STC cuyos dineros eran repartidos en colusión de funcionarios.

En el cierre de cada negociación y la problemática Línea 12 Dorada, Rubén Almada se quejaba por los compromisos “y el bajo rendimiento” de las comisiones que se repartían los funcionarios.

Alberto Vázquez Vázquez consideraba que “era preferible ganar poco a perder el negocio “, pues proponía que no le cambiara nada a los módulos, que así metiera las facturas para la aprobación de la Tesorería del STC, aun sin reparar los productos adquiridos a través de proveedores.

Sin remordimiento alguno, Alberto Vázquez Vázquez sigue encargándose de afectar el servicio de la Línea 12, apagando los equipos, afectando directamente a los millones de usuarios que utilizan para transportarse. La reparación de cada módulo tiene un costo de diez mil pesos con garantía permanente.

Diputados que integran el primer Congreso de la Ciudad de México, a través de sus respectivas comisiones, por tratarse de un delito federal y que atentan en contra del Patrimonio Social, coincidieron que son las propias autoridades del STC los responsables de investigar y denunciar que, con estos elementos, proceder legalmente en contra de los involucrados, dando ejemplo de lucha para romper los eslabones de la corrupción y la impunidad.