• La corrupción es descomunal, alertó el Doctor en Derecho, Miguel Arroyo Ramírez
  • Destacó que es verdaderamente impresionante, cómo hubo contratos amañados y simulados de gobiernos anteriores
  • La posición de México en el IPC, se muestra en el número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción por parte de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana

BLAS A. BUENDÍA

Reportero Free Lance

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Sin duda alguna, el nivel de corrupción al que se había llegado en el Gobierno Federal rebasa cualquier expectativa, dijo el Doctor en Derecho, Miguel Arroyo Ramírez, en su comentario jurídico-político de Antena Radio que se emite por las ondas hertzianas del 107.9 FM, del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (IPC), publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. Esto ubica a México en la posición número 135 de 180 países evaluados en este rubro.

El doctor Arroyo, acentuó: “La verdad, es que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decía en campaña que muchos de los programas que proponía se iban a financiar a partir de lo que se ahorraría con poner fin a la corrupción y hacerla desaparecer, había mucho escepticismo”.

Detalló que el Presidente de la República ha mencionado cifras que parecían desproporcionadas en relación con lo que se ahorraría por la corrupción y la verdad es que, a lo mejor, hasta se quedó corto. Es decir, “la corrupción es descomunal”, aseveró.

En todos los niveles –indicó- en todas las Secretarías, en todas las áreas del Estado, se están encontrando cosas verdaderamente inenarrables, literalmente, que irán saliendo poco a poco a la luz pública cuando la autoridad así tenga todos los elementos para darlas a conocer.

El jurista tamaulipeco comentó también que es verdaderamente impresionante cómo se ejecutaron contratos amañados y contratos simulados de gobiernos anteriores; compras, por supuesto, que nunca se realizaron; medicinas adquiridas que no fueron distribuidas porque hubo sobrecompras para tratar de financiar, que de ahí, la ramificación ilícita de comisiones económicas de quienes operaban este tipo de negocios fraudulentos.

Así como también la adquisición de uniformes, por ejemplo, médicos del sector salud comprados y pagados al doble de su precio -según se dice- y solicitando a los proveedores que regresaran la mitad, para el cumplimiento ilegal de la llamada “comisión”. En fin, por decir unas cuantas circunstancias que prácticamente dejaron en bancarrota a la Administración Pública Federal.

El Doctor Miguel Arroyo quien es también integrante del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, subrayó que el alto índice de corrupción fue tan brutal que se integró un modus operandi en la contratación de servicios que no eran necesarios.

Se movía toda una oscura estructura donde sobresalían despachos con el apoyo de asesores para efectuar concursos de licitaciones que solo obedecían a la adquisición de contratas simulados, por supuesto, de servicios que verdaderamente nunca se cristalizaban, pero eso sí, había pagos estratosféricos que hasta hoy en día la sociedad ha quedado estupefacta por tantas componendas que hicieron millonarios a funcionarios de tachable reputación.

Y ya no hablemos, por supuesto, de lo fuerte que es el huachicoleo y todas sus implicaciones que la propia sociedad tiene consignado, que a poco, a más de dos meses de la nueva administración federal, el Presidente de la República se ha encargado de revelar en sus conferencias mañaneras, el saqueó que hicieron de la riqueza de la Nación.

Pero en todas las Secretarías, indicó el Jurisconsulto, “el momento en que se levanta el tapete -como se dice coloquialmente-, pues hay algo escondido”.

Para el Doctor Arroyo, poco a poco irán saliendo este y muchos otros temas más que prácticamente los gobiernos del pasado hicieron y deshicieron del erario público a su antojo, creando una “caja chica” que era, supuestamente, repartida por funcionarios que se apartaron de toda ética profesional en del servicio público.

Y ahora –puntualizó- el reto es, por supuesto, romper esas inercias; romper esas inercias porque “se marcó” toda una costumbre, “una cultura” y, por supuesto, hay que evitar que los nuevos funcionarios sean tentados por las empresas que habían trabajado y subsistido así, con ganancias verdaderamente impresionantes.

Resaltó el hecho que los esfuerzos del régimen lopezobradorista por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y probablemente por las resistencias que ha despertado, México busca reducir ese flagelo, o completamente desaparecerlo, con la finalidad de castigar a todo funcionario que se aparte de la legalidad, aunque la estigmatización ubican al país azteca en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción.